“Es fácil entender la importancia que tiene la transparencia de la actividad pública para la consecución de una sociedad verdaderamente democrática, plural y participativa. Solo cuando la ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo se toman las decisiones que le afectan, cómo se utilizan los fondos públicos o cuál es la actividad pública y política de nuestras instituciones y responsables políticos y bajo qué criterios actúan, entonces puede opinar, exigir y participar con eficacia. El conocimiento y análisis previo de la información es un requisito para la participación eficaz en la gestión de los asuntos públicos y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas, y para exigirles que rindan cuentas de su actuación”.
Estas líneas, intachables desde un punto de vista teórico, práctico y ético, y que cualquiera de nosotros suscribiría, forman parte de la exposición de motivos del proyecto de norma foral de transparencia y acceso a la información pública presentada por el gobierno foral en las Juntas Generales. Lamentablemente, la actuación de la izquierda abertzale en la Diputación y en la gran mayoría de ayuntamientos de Gipuzkoa choca irremisiblemente con esos principios que recoge el nuevo proyecto de norma. Allí donde se reivindica la apertura, la escucha, el acercamiento y el diálogo, imperan la cerrazón, el oscurantismo, el secretismo y la imposición. Se hace lo contrario de lo que se predica.
