La instrumentalización política por parte de la izquierda abertzale de determinadas causas ha sido una constante en la historia política reciente de nuestro país. Una instrumentalización que frecuentemente ha devenido en monopolización, y que ha terminado pervirtiendo en muchos casos movimientos que en su origen eran legítimos y respetables. No hace falta echar la vista muy atrás para recordar cómo actuó la izquierda abertzale contra proyectos como la autovía de Leizaran o el TAV, y cómo su silencio ante los atentados contra estos objetivos dejó en evidencia su escaso talante ético y democrático.
Ahora en las instituciones, la izquierda abertzale ha hecho de la imposición del puerta a puerta su nuevo fetiche político. Así como en el pasado causas como las ya mencionadas sirvieron para descubrir su déficit de valores, en esta ocasión el autoasignado papel de la izquierda abertzale como abanderada del reciclaje ha puesto de manifiesto sus numerosas contradicciones en cuanto a la participación ciudadana se refiere. La política de gestión de residuos ha dejado muy claro que Bildu no cree en la participación, y que, en contra a lo que ha venido afirmando históricamente, poco le importa pasar por encima de la voluntad ciudadana cuando se trata de imponer sus postulados políticos.
Durante los casi dos últimos años, hemos observado como Bildu ha hecho oídos sordos a la recogida de miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos en contra de la imposición del puerta a puerta. Hemos observado cómo se ha negado a organizar consultas ciudadanas sobre este tema -¿dónde ha quedado aquello de dar la palabra al pueblo?-. Y, en el sumun de este delirio autoritario, hemos escuchado a los responsables de Bildu argumentando su actuación en Lezo con base en la constitución española, y escudándose cuando le conviene en una legalidad que siempre ha despreciado y en la actuación de la Ertzaintza. La incoherencia en estado puro.
La respuesta de Bildu a la movilización ciudadana en el asunto de los residuos ha evidenciado que la izquierda abertzale, lejos de acordar, dialogar y dar cauce a la voluntad ciudadana, prefiere multar y sancionar. Todo lo contrario a lo que ha venido predicando a lo largo de su andadura. Es el modo de proceder de quien, en vez de escuchar, prefiere creerse en posesión de la verdad absoluta. Para ellos, cualquier imposición es buena, si es la suya. Y al contrario, cualquier intento de resistencia ciudadana no violenta que no sea suyo, es condenable y despreciable.
En este sentido, la política de los actuales mandatarios de la Diputación en el ámbito de la participación ciudadana viene marcada por la falta de gestión y de programa. Cuando Bildu se presentó en campaña afirmó que presentaría una Norma Foral para la participación. A punto de cumplirse dos años de legislatura, no han presentado norma alguna, ni iniciativas, ni actividades para la promoción de la participación ciudadana en el Territorio de una manera programada y dentro de un plan de acción. Todo ello a pesar de que EAJ-PNV se lo ha solicitado en repetidas ocasiones, por ejemplo a través de una moción en el pleno de Política General del pasado mes de septiembre.
Después de defender en su campaña y en su programa de forma vehemente la democracia directa, y afirmar que extenderían al máximo la capacidad de decisión de la ciudadanía, haciéndola más efectiva y limitando el papel de las y los representantes, Bildu se olvida ahora de lo que decía en las elecciones.
Además de no cumplir sus compromisos, al más puro estilo del perro del hortelano, Bildu tampoco acepta el trabajo realizado por los agentes sociales de Gipuzkoa y por los anteriores gestores de la Diputación, ya que no ha tomado medida alguna para desarrollar la Norma Foral aprobada por el gobierno de Markel Olano. Una norma innovadora que, entre otras cosas, creaba la oficina de participación, regulaba las consultas, y basaba la praxis política en la incorporación real y efectiva de la ciudadanía a los procesos de decisión, con mecanismos y medidas concretas y los derechos y obligaciones debidamente sistematizadas. Todo un trabajo que permanece en el cajón del despacho de algún alto cargo de Bildu. Su cicatería en este asunto llega al extremo de no invitar a los junteros ni concejales que están en la oposición a los cursos de formación que ofrece la Diputación.
Los pueblos de Gipuzkoa no son ajenos a este abandono de la participación ciudadana. En algunos municipios Bildu impide a los concejales de la oposición a participar en las reuniones y procesos con los vecinos. En muchos de ellos no activa los consejos sociales puestos en marcha con anterioridad a su llegada. Actitudes que traslucen un miedo atroz al debate y un rechazo a las opiniones discordantes, que tampoco resulta sorprendente si observamos la actitud que ha venido manteniendo la izquierda abertzale respecto a quienes discrepen de su visión del mundo y la política.
Así, en lugar de mirar a cómo son los procesos de deliberación y los nuevos canales de colaboración de la ciudadanía en los países europeos modernos, Bildu prefiere limitar esa participación a la creación de mesas paralelas y consejos asesores formados por parroquianos y afines, para escuchar sólo lo que le interesa. Invita a quien le conviene y veta a quien no está de acuerdo. Una concepción asamblearia y antisistema que, al igual que en otros frentes, deja claro que Bildu sólo mira a su ombligo, entendiendo la participación como mero mecanismo de propaganda política, cuyo fin último no es recoger la aportación ni de los agentes sociales ni de las asociaciones, ni la ciudadanía en general, sino difundir una determinada imagen. Y eso no es participación, sino imposición disfrazada.
Artículo de opinión publicado en el Diario Vasco el día 25-04-2013